El sector público y las pequeñas y medianas empresas son los principales objetivos de la creciente competencia entre los proveedores de software con licencia y los que ofrecen el llamado software abierto o libre.
Ambos actores mantienen una soterrada lucha para ganarle a la piratería existente en el sector y, a su vez, tener mayor presencia a la hora de definir las políticas públicas de la agenda digital que impulsa el gobierno.
La "guerra del software" -como se conoce la disputa- se enmarca en los estudios internacionales que dejan a Chile en el último lugar de los países de la OCDE en el combate a la producción ilegal de programas informáticos. Y es aquí donde los actores dan a conocer su "solución" al problema.
COMPETENCIA
El gerente general de la Asociación Chilena de Distribuidores de Software (ADS), Sebastián Rodríguez, explica que las empresas mayoritariamente utilizan softwares licenciados en vez de los abiertos o libres, debido a que “éstos, generalmente, no están estandarizados y su mantenimiento y capacitación son desconocidos para la población”.
Y agrega: “el software abierto no es gratuito. Las empresas deben analizar el impacto para que tiene para sus proyectos el instalar un software licenciado o uno abierto. El problema de éstos últimos son las modificaciones que producen reticencias en la organización. No estamos en contra del software libre, pero se debe evaluar los costos que tienen”.
El presidente del Centro de Difusión del Software Libre (CDSL), Luis Eduardo Vivero, afirma que la aplicación de esta alternativa “es una herramienta de desarrollo que puede ser modificada cuando su dueño lo quiera, sin esperar a que salga otra licencia del producto para pagar por su uso.”
“El beneficio es que genera conocimiento local, empleo, capacitación en capital humano y de empresas locales. Además de que el gobierno empieza a ser dueño de sus propios sistemas, o sea que tiene una soberanía informática”, y agrega que estas ventajas disminuirían los niveles de piratería, tal como ocurrió en Brasil y Venezuela “donde se privilegió el uso del software libre”.
La CDSL junto a algunos diputados trabaja un proyecto de ley para el uso preferente de este sistema en el sector público, especialmente en municipios y ministerios, “porque también se deben analizar los casos, donde no se pueden instalar”.
La ADS, por su parte, también asesora a pequeñas empresas y gobiernos comunales mediante auditorías para identificar software piratas y regularizar esas situaciones para evitar las multas que contempla la Ley. “El argumento del software libre también es comercial para la venta de servicios, lo cual es válido en un mercado libre, donde la gente tiene la alternativa, porque es un tema de toma de conciencia de riesgos y costos”.
En lo que viene del año, las organizaciones que plantean el uso del software abierto anuncian que continuarán realizando ferias para darse a conocer, mientras que la ADS continuará en sus asesorías al sector privado y público, en una competencia que no parece terminar muy pronto.
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